Anif
ha sido de la opinión que Colombia no requiere reformar jurídicamente su actual
esquema de seguro de desempleo, sino ponerlo a funcionar por medio de dos
mecanismos: i) promoviendo la formalización laboral, a través de desmontar las
exageradas cargas parafiscales, que todavía han quedado en niveles elevados del
46%; y ii) evitar que se drenen los ahorros de las cesantías (mediante mejoras
locativas o desvíos hacia otros gastos). La Ley que cursa en el congreso no
sólo no solucionará los problemas estructurales antes comentados, sino que
peligrosamente deja la puerta abierta para que le toque al gobierno realizar
aportes presupuestales adicionales.