Anif había venido mencionando que, además de los temas regulatorios, están los grandes desafíos administrativos del régimen público de pensiones. Tomo casi una década aprobar la escisión de los servicios de salud y pensiones por parte del ineficiente y corrupto ISS. De esta manera, Colpensiones tiene la descomunal tarea de armar la historia actuarial de unos 6 millones de afiliados, 2 millones de cotizantes y 1.3 millones de pensionados. Un tema que también ha pasado algo desapercibido es que, a medida que se van procesando todas esas solicitudes pensionales, va quedando clara la creciente presión fiscal que están generando estas nuevas obligaciones del régimen público que administra Colpensiones. Cabe entonces reflexionar con visión de mediano plazo: ¿Por qué insiste el gobierno en promover un régimen público que no funciona en lo administrativo y que abre, día a día, un boquete fiscal más abultado?
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