La legislación reciente se ha concentrado en lograr mayor protección para el consumidor financiero. Ahora, el proyecto de Ley 132 de 2011 busca entrar a regular los gastos por concepto de gestiones prejurídicas en los créditos ordinarios, microcréditos y de consumo. Allí se busca (erradamente) que sean las entidades financieras las que asuman tales costos, cuando la lógica indica que dichas entidades son las afectadas por el no pago. En este sentido, se deben revisar las mejores prácticas internacionales donde se ha promulgado una regulación clara tendiente a proteger al consumidor financiero, quienes deben asumir sus costos cuando ellos se han estipulado en los contratos.
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Ago22-12.pdf
